El desarrollo integral de la personalidad implica la evolución simultánea de múltiples factores inherentes al ser humano. La sexualidad, es uno de ellos y por eso el ejercicio de la misma constituye un derecho fundamental reconocido por la ley.  

Es lógico, entonces, promover y garantizar la práctica saludable de la sexualidad de quienes, por diversas circunstancias, ven limitada o restringida su libertad, su autonomía o las condiciones necesarias para ejercerlas. Quienes viven en instituciones penitenciarias, son un ejemplo. Incluso en estos contextos, la sexualidad y las relaciones sexuales como expresión de la misma, son la manifestación de ese libre desarrollo de la personalidad. Si focalizamos nuestra atención en los centros penitenciarios, por tratarse de una comunidad privada de libertad, podemos observar que en su cotidianidad se dan condicionantes que favorecen las relaciones sexuales entre personas internas. Esto no significa que el flujo de interacciones se limite a la población institucionalizada; también hay contactos sexuales con personas del exterior, bien sea por la entrada (más o menos temporal) de nuevas personas reclusas, o a través de las visitas vis a vis. 

En caso de que dichas prácticas sexuales sean de riesgo, la comunicación entre “interior” y “exterior” de las instituciones penitenciarias, se convierte en un canal propicio para las Infecciones de Transmisión Sexual dentro este ámbito. Son escasos los estudios científicos concluyentes que reflejen esta realidad, pero existen evidencias, aunque difíciles de comparar entre ellas, que indican que la población reclusa -especialmente hombres que tienen sexo con hombres- muestra una particular vulnerabilidad ante las ITS, con una prevalencia más alta que la de la población general.

No es sencillo conseguir un mapa completo del estado de salud sexual de la institución con un fin preventivo. La ley establece que, al producirse un nuevo ingreso, la Administración Penitenciaria debe abrir una ficha única e individual con el objetivo de poder aplicar un tratamiento personal y diferenciado. En ella se apuntan datos de filiación, procesales, de salud, educativos, laborales, conductuales, psicológicos, sociales y cualquier información relevante sobre y para su vida penitenciaria. 

Pero también, la normativa vigente defiende que no todas las ITS son de obligada declaración. Si a esta circunstancia le sumamos que, antes de convertirse en personas reclusas, una parte importante de la población no se hace las pruebas por temor a constatar un diagnóstico positivo en ITS, el nivel de infradeclaración de las mismas, es importante. 

Ante este contexto se abre un panorama con claras dificultades para poner en marcha estrategias de prevención y reducción de la incidencia de las Infecciones de Transmisión Sexual en las instituciones penitenciarias. En cualquier caso, no se trata de una tarea inviable. Existen muchos recursos que pueden ser reorganizados e implementados, como sucede en algunos centros pioneros a nivel local y global, por ejemplo:  

• Podemos establecer redes (o reforzarlas, en caso de ya existir), con el fin de diseñar y ejecutar protocolos coordinados para la prevención, el diagnóstico, tratamiento y seguimiento del VIH y demás ITS desde el ámbito penitenciario, con el Sistema Público de Salud, las diversas ONG´s implicadas, y demás organismos especializados en el tema.

• También diseñar e implementar un programa “voluntario”, de ciclo regular y corta periodicidad, para el diagnóstico precoz de ITS (previo consentimiento de las personas reclusas), con el fin de iniciar el tratamiento oportuno.

• Y por supuesto, facilitar a las personas internas el acceso a la información para la prevención de ITS. Una de las experiencias que mejor resultado está dando en este orden, es la capacitación de compañeros y compañeras como “Promotores de Salud” que trabajen con sus pares temas relacionados con: la prevención de ITS; sexualidad en general; autoestima; violencia; adicciones; etc. Estas figuras podrían actuar en carácter de: mediadores entre el resto de personas recluidas; intermediarios con los profesionales de la salud; monitores de actividades de prevención (Talleres, vídeo-fórums, debates, conferencias, tertulias, etc.), así como apoyo y contención personal ante determinadas circunstancias.

El hecho es que, como sociedad, no podemos ignorar que la vida en las instituciones penitenciarias es un fragmento de la vida de la comunidad global; cualquier situación que afecte positiva o negativamente en el interior, repercute en el exterior, y viceversa. La salud, dentro de ese contexto, es parte de nuestra salud. Por lo tanto, el compromiso con la promoción de hábitos saludables en las prácticas sexuales es responsabilidad de todas las personas, sin distinción.

Fuentes:

a)    https://revista-estudios.revistas.deusto.es/article/view/928/1064 
b)    https://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1575-06202013000100001 
c)    https://scielosp.org/article/gs/2016.v30n3/208-214/es/ 
d)    http://repositorio.conicyt.cl/bitstream/handle/10533/227488/SA15I20311.pdf?sequence=1&isAllowed=y 
e)    http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1029-30192016000600008