Enrique Pérez-Carrillo: El fraude del acoso escolar - Ahora

Considero necesario resumir la historia de la forma de violencia más frecuente en la infancia y la adolescencia en nuestro país. Podríamos decir que el acoso escolar ha existido siempre, pero hay circunstancias que generan cambios sustanciales en su abordaje o al menos en la percepción de la gravedad del problema. Podemos hablar del caso Jokin, el adolescente que se suicidó por culpa de sufrir acoso escolar severo en Hondarribia el 21 de septiembre de 2004, cinco días antes de cumplir los 15 años: se arrojó al vacío con su bicicleta desde la muralla de su pueblo. 

El suicidio de Jokin alcanzó una gran repercusión mediática y la alarma social de una sociedad que seguía considerando el acoso escolar como “cosas de niños”. Desde ese momento se comenzaron a desarrollar distintos protocolos de actuación para que en los centros escolares pudiese abordarse el problema desde una perspectiva reactiva, aportando una hoja de ruta, que como veremos más adelante, se convierte en la mayoría de los casos, en un mero registro administrativo. Más allá de estos protocolos, en los últimos años, se han venido desarrollando distintas campañas de prevención tanto desde el ámbito público como privado, que han conseguido al menos visibilizar el problema y aportar alguna esperanza. Esperanzas que se ahogan en la realidad. 

¿Cómo es posible que en los estudios de incidencia realizados en los últimos 10 años esta se sitúe entre un 9% y un 33%, y en las estadísticas oficiales se hable de pocas decenas? El informe Cisneros, el estudio de la Fundación Anar, el de UNICEF, el de Save The Children, el de AEPAE o el más reciente de la UNESCO, destacan que en nuestro país hay 3 millones de víctimas de acoso escolar. Deben ser víctimas invisibles. El sistema miente. 

La primera falla es que en los centros escolares no se mide la incidencia del acoso escolar y en unos pocos se usa el sociograma como herramienta de medición, cuando se trata meramente de un mapa o gráfico de la filiación dentro del aula. Debemos entender que el acoso escolar por definición, se muestra oculto a los ojos de los adultos y que analizar la incidencia con una herramienta psicométrica precisa, es necesario.  

La segunda falla es la de una formación insuficiente del personal docente, que muchas veces se ve obligado a formarse por sus propios medios y con la información que pueden encontrar en internet. No hablamos de una formación teórica o de aprender a cumplimentar el protocolo, sino de una formación práctica y operativa, porque cuando hablamos de acoso escolar el tiempo es un factor esencial: a mayor tiempo de detección e intervención, mayor daño en la víctima. Daño que puede resultar irreparable, normalizando una indefensión aprendida de la que les será difícil desprenderse en su vida futura. 

La tercera falla es el protocolo de actuación, que como bien apunta el juez de menores D. Emilio Calatayud, puede incurrir en un fraude de ley. El protocolo tiene muchas trampas. La primera es la de su confidencialidad. Debe ser confidencial para todo el mundo, excepto para las personas implicadas: especialmente para la víctima y el victimario y por supuesto para sus familias. ¿Como si no, puede la víctima cerciorarse de que la cronología de los hechos relatada en el mismo es objetiva o se trata de la versión del centro escolar encaminada a minimizar o justificar el maltrato? ¿Cómo puede la familia de la víctima cerciorarse de que el centro escolar ha aportado las pruebas documentales que adjunta? Partes de lesiones, informes del psicólogo o denuncias en la policía, son a menudo obviadas u ocultadas. 

¿Qué piensan ustedes, que ocurre cuando ese protocolo llega sesgado o manipulado a inspección educativa? Que es desestimado en 9 de cada 10 casos, de los pocos que se llegan a abrir efectivamente, y siempre después de la insistencia hercúlea de las familias. ¿Les van cuadrando ya las cuentas de la manipulación de la incidencia? 

Otra de las consecuencias de la confidencialidad del protocolo es la falta de información de las familias que deciden denunciar por vía civil o penal al centro escolar, a las familias o al equipo docente o directivo, como última opción. Estamos hablando en estos casos extremos, de daños psicológicos y físicos contrastados. 

¿Y qué dice el protocolo de la asistencia a las víctimas? Que hay que atenderlas. La triste realidad es que las familias se tienen que buscar la atención psicológica por vía privada -las familias que pueden permitírselo o la tienen cerca-. Si optamos por la atención primaria, los recursos son insuficientes y la coordinación entre pediatría, psicología y servicios sociales no es siempre la más adecuada ni en tiempos ni en especialización. 

También habla el protocolo de reeducación a los victimarios, pero la realidad es que a pesar de ser considerado el acoso escolar como una falta muy grave, no se aplican las sanciones del reglamento disciplinario del centro escolar, por falta de recursos, autorización de las familias o formación especializada, optando el centro escolar a la expulsión del menor: sanción más punitiva que educativa y muy poco eficiente. La realidad es que el acoso escolar la mayoría de las veces queda impune y el sistema castiga a la víctima, obligando a las familias a cambiarse de colegio. 

En nuestros campamentos de verano para víctimas severas nos encontramos niños, niñas y adolescentes que han estado condenados al infierno durante meses o años. Frases como “mami cuanto falta para estar con Dios” de un niño de 7 años. O “me merezco lo que me pasa porque soy una mierda”, de una adolescente de 13 años. Esto es lo que hay y quien no quiera verlo es que está ciego, y lo que es más grave, está siendo cómplice del sistema. 

Para provocar un cambio de paradigma, es necesario implementar un plan nacional que de manera integral haga prevención e intervención. Que mida la incidencia, sensibilice en el aula, forme a los alumnos y alumnas ayudantes, imparta formación al personal docente y no docente y a las familias. Que atienda a las víctimas y reeduque a los victimarios. Y que este plan sea medible para cuantificar el impacto del programa. Todo esto lo hace el Plan Nacional para Prevención del Acoso Escolar de AEPAE, que reduce el 50% de la incidencia general en el centro el primer año de implantación y el 95% en las víctimas severas. 

Somos conscientes de que luchando de frente y con valentía contra el acoso escolar, estamos previniendo conductas futuras, como la xenofobia, la homofobia, la violencia de género o el no respeto a la diversidad funcional. 

Para finalizar, me gustaría citar dos frases textuales. La primera de María de 14 años: “Ya no es tanto que me insulten y me peguen todos los días… lo que más me duele es ver que a nadie le importa”. La segunda es de Samuel, de 13 años, cuando le pregunta nuestro psicólogo el curso de resolución pacífica de conflictos, “pero Samuel, ¿por qué maltratas a tus compañeros?”. Y Samuel le responde: “Lo hago porque puedo”. 

El acoso escolar no son cosas de niños, es un problema de derechos humanos. El acoso escolar mata.