Empleos dignos para salir de la pobreza - Ahora

• En España, tener un empleo ya no garantiza escapar de la pobreza. Una de cada tres personas ocupadas vive en situación de pobreza, y una de cada diez personas con trabajo está en exclusión social. La tendencia es ascendente, silenciosa y profundamente desigual.

Frente a este escenario, Cruz Roja, a través del Plan de Empleo de la Organización, ha impulsado el proyecto ‘Empleos decentes, comunidades fuertes', una iniciativa pionera de innovación y experimentación social para atajar de manera holística la pobreza laboral y reforzar los derechos de las personas trabajadoras más vulnerables.

Durante años se asumió que el empleo aseguraba la inclusión, pero hoy esa lógica está en duda. La Organización Internacional del Trabajo (OIT) define la pobreza laboral como la situación de quienes trabajan pero cuyos hogares viven por debajo del 60 % de la renta mediana, es decir, con unos 900 euros al mes. No se trata solo de ingresos bajos, sino que es el resultado de empleos precarios, mal remunerados, intermitentes o parciales, que no garantizan derechos básicos. Según el estudio Trabajar para ser pobre (EAPN, 2024), el 33 % de las personas ocupadas en España son pobres y el 12,5 % sufre privación material severa, especialmente en sectores como hostelería, limpieza, comercio, cuidados o agricultura. “Me veo en la necesidad de trabajar más horas para tener mejores ingresos. El salario no llega al mes, se va en gastos. La compra solo alcanza 20 días, no puedo cubrir vestimenta, ni actividades de ocio con mis hijos. Necesito mejores condiciones, mejor salario, así no descanso. Aunque pueda tener dos trabajos, te quiebras tú”, expresa una trabajadora del sector de la restauración en Álava.

La pobreza laboral afecta con mayor fuerza a colectivos ya vulnerables. Entre las mujeres, el 54 % trabaja en condiciones precarias, el 70 % en empleos a tiempo parcial, con un salario medio 5.000 euros inferior al de los hombres, y un 36 % en el sector del cuidado, informal y sin protección. Las personas migrantes se concentran en empleos de menor remuneración, el 54 % en ocupaciones elementales, y representan el 43 % de las trabajadoras del hogar y cuidados. En los hogares con hijos e hijas, el riesgo se multiplica, sobre todo en familias monomarentales, donde el 52 % vive en pobreza laboral y el 81 % está encabezado por mujeres. La falta de ingresos suficientes tiene efectos que van más allá de lo económico: alimenticios, educativos, de salud y de bienestar emocional, reproduciendo ciclos de desigualdad generacional. 

La precariedad laboral también deteriora la salud física y mental. Según el informe PRESME (2023), genera ansiedad, depresión, aislamiento y desgaste emocional, obligando a reorganizar la vida continuamente frente a la inseguridad de contratos y jornadas. Además, la estigmatización social limita la participación comunitaria y la capacidad para reclamar derechos. “Necesito estabilidad, un trabajo en el que no tenga que pensar si el mes que viene voy a tenerlo o no, con un cuadrante que me permita organizar sin que sea una carga para otros ni dejar a mis hijos solos. Un trabajo con el que pueda planificar”, cuenta en las primeras fases del proyecto una mujer desempleada de Sevilla y familia monomarental con dos niños. 

Para responder a esta situación de una manera integral, el área de empleo de Cruz Roja ha puesto en marcha ‘Empleos decentes, comunidades fuertes'. Su objetivo es experimentar modelos de intervención holísticos y basados en evidencia, orientados a mejorar ingresos y garantizar derechos. Enmarcado en el Programa estatal de inclusión social, garantía infantil y lucha contra la pobreza (2021ES05SFPR003), financiado por el Fondo Social Europeo Plus y avalado por la OIT, Oxfam Intermón y otras entidades, trabaja simultáneamente con personas, hogares, comunidades y empresas, diseñando itinerarios que atienden múltiples vulnerabilidades: empleo, cuidados, corresponsabilidad, vivienda, salud y conciliación. El proyecto impulsa también alianzas con empresas para mejorar las condiciones laborales y se centra en potenciar redes comunitarias que derriben los discursos estigmatizantes, promoviendo una mirada de derechos y dignidad sobre la pobreza laboral.

El plan se desarrolla en fases: 2025, investigación, diseño y trabajo de campo; 2026–2027, modelos de intervención en experimentación, activación de redes y proyectos comunitarios en cinco territorios; y 2028, evaluación y expansión para escalar soluciones efectivas a políticas públicas y prácticas empresariales.

Para el proyecto no basta con encontrar empleo si este no garantiza derechos. Acabar con la pobreza laboral requiere intervenir sobre condiciones de trabajo, sistemas de protección social y corresponsabilidad en los cuidados. Se trata de construir comunidades capaces de sostener a quienes las integran, de empresas comprometidas con la dignidad y de políticas que no dejen a nadie atrás. Tener trabajo debería ser sinónimo de tener una vida digna y este proyecto nace para remar hacia esa dirección.