Roberto Suárez: “La inclusión es una responsabilidad compartida” - Ahora

Aunque la lengua de signos está reconocida legalmente en España y las conquistas de los últimos años en materia de normalización y difusión son indiscutibles, a día de hoy, su uso sigue sin garantizarse plenamente. Se asignan algunos recursos, pero son insuficientes y casi siempre tras exigirlo las propias entidades de personas sordas. Una situación que se recrudece para las personas sordas que no viven en grandes ciudades, que es donde se concentran la mayoría de estos recursos. 

Es evidente que esta discriminación y vulneración de nuestros derechos lingüísticos va a prevalecer mientras los gobiernos no materialicen las reivindicaciones a favor de estas lenguas en medidas concretas. Medidas tales como que la enseñanza de la lengua de signos se garantice desde edades tempranas y forme parte del currículo educativo de manera más estructurada; que se fomente su incorporación en los servicios públicos y en los medios de comunicación, que se refuerce la formación de intérpretes profesionales y mediadores, etc. 

En este sentido, confiamos en que el Reglamento que desarrolla la Ley 27/2007 contribuya a una mayor concienciación sobre la realidad de las personas sordas y allane el camino para ese cambio social que tanto necesitamos. En lo que a la CNSE respecta, continuaremos exigiendo la puesta en marcha de medidas contundentes que avalen nuestros derechos lingüísticos de manera que podamos utilizar las lenguas de signos en las mismas condiciones y contextos en los que el resto de la ciudadanía utiliza otras lenguas. 

La educación bilingüe para el alumnado sordo es un modelo que auna la lengua de signos y la lengua oral, permitiendo un aprendizaje inclusivo, equitativo y de calidad. Sin embargo, su implantación sigue siendo desigual en España, dependiendo de la comunidad autónoma y del propio centro educativo. La falta de recursos y la ausencia de docentes especializadas/os son algunos de los principales obstáculos.  

No hay que olvidar que el incumplimiento de los derechos educativos del alumnado sordo tiene consecuencias muy graves. Entre ellas, destacaría la privación lingüística que conlleva carecer de acceso a una educación en lengua de signos imprescindible para el óptimo desarrollo lingüístico, cognitivo y psicosocial. De ahí, que sea crucial que estas y estos estudiantes tengan a su disposición todos y cada uno de los recursos humanos y materiales que precisan. Y no solo ellas/os; también las/os profesionales sordas/os que trabajan en los centros educativos bien sea como profesores, como especialistas en lengua de signos, o en otro puesto cualquiera, requieren la presencia de intérpretes de lengua de signos para poder desarrollar su labor en igualdad de condiciones que el resto.  

Desde la CNSE seguiremos trabajando para que este modelo educativo sea reconocido y garantizado en todo el territorio nacional. Porque el peor o mejor acceso a la educación no puede depender de la Comunidad Autónoma donde resida cada alumna o alumno, y porque no se puede hablar de inclusión educativa sino se garantiza el aprendizaje, conocimiento y uso de la lengua de signos. Y eso pasa por contar con una red de centros bilingües suficientes.  

La realidad es que las personas sordas carecemos de entornos accesibles e inclusivos en los que la presencia de la lengua de signos sea una práctica generalizada. Y las situaciones de emergencia no son una excepción. Prueba de ello, la encontramos en la pandemia, en la erupción del volcán de La Palma, o más recientemente durante la catástrofe de la DANA, donde la falta de accesibilidad tanto de la información, como de los servicios a disposición de la ciudadanía ha sido generalizada. 

Quiero enfatizar que si en esos momentos críticos, las personas sordas hemos tenido servicios adaptados a nuestras necesidades es porque la red asociativa CNSE ha velado por ello, aportando soluciones y poniendo a disposición sus propios recursos. Y si bien es cierto que tenemos el compromiso de acompañar a las personas sordas en su día a día, con especial atención a aquellos colectivos más vulnerables, no por ello los poderes públicos han de lavarse las manos. Muy al contrario, en situaciones de emergencia se debe extremar el cumplimiento de la legislación en materia de derechos de este colectivo y asegurar que las estrategias de comunicación sean inclusivas y efectivas. Porque cada medida contemplada en una ley estatal o autonómica para garantizar la inclusión, la accesibilidad a la información y la comunicación, y la participación plena de las personas sordas, está ahí por algo.  

Es fundamental que se garantice la presencia de la lengua de signos y del subtitulado en todas las comunicaciones oficiales, en gestiones de cualquier tipo con la administración pública, en los medios de comunicación, en el ámbito judicial, en la atención sanitaria, en la teleasistencia… La plena accesibilidad a la información y a la comunicación es, además de un derecho humano, un requerimiento previo, básico y fundamental, para hacer efectiva la igualdad de oportunidades y no discriminación de las personas sordas. Y nada, absolutamente nada, justifica su ausencia. 

Una de las cuestiones que más preocupan es la situación de las y los especialistas en lengua de signos, modelos lingüísticos que aseguran la adecuada transmisión de la lengua de signos a las personas sordas, así como a la comunidad educativa en general. Esta profesión constituye un importante yacimiento de empleo para la población sorda y, como tal, se debe proteger e incentivar. Exigimos que se posicione a estas y estos profesionales sordos como referentes en la enseñanza y la traducción de la lengua de signos y que se regule y promocione este perfil profesional, para que puedan contar con oportunidades y condiciones laborales justas y equitativas. 

Asimismo, estamos trabajando para evitar que las medidas de prevención de riesgos laborales limiten la ocupación de puestos de trabajo ocupados por personas sordas, y para que se modifique el Reglamento General de Conductores de manera que se incluya la accesibilidad en lengua de signos en las pruebas de obtención de los permisos para conducir camiones y furgones. 

Otra de las reivindicaciones es que se ponga a disposición de las y los opositores sordos las herramientas necesarias para poder desarrollar las pruebas selectivas sin que para ello se requiera un informe médico preceptivo, y que se bareme el conocimiento de la lengua de signos española y la catalana en el acceso al empleo público de este colectivo y en la provisión de puestos de trabajo con tareas de atención directa al público. 

Por último, urge asegurar la accesibilidad en lengua de signos de los servicios públicos de empleo y de los procesos formativos ofrecidos por el SEPE y por las propias empresas; la adaptación de los puestos de trabajo garantizando la comunicación y el acceso a la información a través de la lengua de signos y de aquellos medios técnicos que se precisen; y el apoyo a nuestra actividad profesional contando con garantías de igualdad de trato y no discriminación. 

Las nuevas tecnologías han supuesto un cambio muy significativo en la vida de las personas sordas, dado su enorme potencial como generadoras de accesibilidad. Véase el servicio de videointerpretación SVIsual que ofrece interpretación a distancia para toda España y que se configura como una herramienta imprescindible para una digitalización inclusiva de las administraciones públicas y de los bienes y servicios a disposición de la ciudadanía  

Por su parte, sistemas de mensajería como WhatsApp o Telegram, herramientas de transcripción automática, o la más reciente inteligencia artificial también facilitan la comunicación en diferentes contextos. No obstante, sigue habiendo desafíos, como la necesidad de mejorar la precisión de la subtitulación automática y garantizar que todas las plataformas digitales sean accesibles.  

La innovación tecnológica debe seguir desarrollándose con un enfoque inclusivo que contemple las necesidades de la comunidad sorda si queremos evitar la tan temida brecha digital. Sin embargo, todavía no existen normas concretas de accesibilidad para los contenidos de YouTube, Instagram u otras plataformas similares, que constituyen una cantidad cada vez mayor de los contenidos que se consumen. También es deficiente la accesibilidad que encontramos en los call center o servicios de atención telefónica, ya que a menudo no ofrecen la opción de videointerpretación en lengua de signos. Para que las nuevas tecnologías aporten autonomía y permitan una mayor conexión e interacción social es necesario superar los obstáculos relacionados con el acceso a la información y con las dificultades que se plantean en su uso. Y en este sentido, aún queda mucho por hacer.  

La inclusión es una responsabilidad compartida. La sociedad en su conjunto debe sensibilizarse sobre la realidad de las personas sordas. Debe desterrar la visión de sordera como patología y sustituirla por otra perspectiva más enriquecedora y alejada de limitaciones y discapacidad. La sordera no es una limitación. Los límites vienen dados por el entorno que nos rodea, por los prejuicios, por los estereotipos, por las barreras de comunicación. 

En cuanto a la lengua de signos, es una lengua más de nuestro país. Es fundamental que se cumplan los estándares de accesibilidad e inclusión, asegurando que la información y los servicios sean accesibles para todas las personas, independientemente de su forma de comunicarse. Como también lo es que se impulsen medidas para normalizar su uso más allá de los ámbitos estrictamente domésticos o comunitarios. Porque cuanto mayor sea el conocimiento de estas lenguas y su valor para la comunidad sorda, con más facilidad se adoptarán actitudes de tolerancia y empatía entre la ciudadanía. 

Lo que realmente necesitamos para avanzar en materia de igualdad de derechos y oportunidades es un compromiso político y social que se traduzca en hechos concretos. Para asegurar que las personas sordas tengamos acceso pleno a las lenguas de signos en todos los ámbitos de la vida, es imprescindible que ese compromiso esté reflejado en las políticas de los gobiernos.                                           

Sin embargo, nos encontramos a menudo con que, debido a la falta de claridad en las competencias entre los distintos niveles de administración (estatal, autonómico y local), las responsabilidades se van pasando de unas manos a otras. Esto deja a nuestra comunidad en un limbo, donde los avances dependen de decisiones que nadie termina de asumir. Y al final, como suele suceder, todo se resume en la asignación de recursos económicos, algo que pocas administraciones están dispuestas a comprometer en sus presupuestos.  

Por eso, seguiremos insistiendo en que el acceso a la lengua de signos no es solo un derecho, sino una cuestión de justicia social que debe ser priorizada en la agenda pública. Seguiremos reivindicando el acceso universal a servicios esenciales como la sanidad o la justicia; la consolidación de un modelo de educación bilingüe en lengua de signos para el alumnado; la equidad en materia de empleo, formación y promoción profesional de las personas sordas; el refuerzo de los servicios de interpretación y videointerpretación; una mayor presencia de la lengua de signos en televisión, plataformas digitales y eventos públicos, con el objetivo de normalizar su uso y aumentar su visibilidad; el fomento de la presencia de las personas sordas y sus representantes en espacios de decisión política y social; y por supuesto; la eliminación de las disparidades existentes entre las distintas comunidades autónomas, de manera que todas las personas sordas tengamos acceso a los mismos recursos y oportunidades.