Carmen Quesada: “El Derecho Internacional Humanitario está más vigente que nunca” - Ahora

Uno de los principios básicos del Derecho Internacional Humanitario es el de distinción: diferenciar claramente entre población civil y combatientes, así como entre bienes civiles y objetivos militares. Sin embargo, por las características de los conflictos actuales, la población civil es, precisamente, quien está más amenazada. 

Pensemos, por ejemplo, en el uso de la inteligencia artificial. Lejos de garantizar que los ataques se dirijan exclusivamente contra objetivos militares, su utilización en los conflictos armados está provocando un aumento de las víctimas civiles. Lo mismo ocurre con la llamada “guerra urbana”. Cada vez más conflictos se desarrollan en entornos densamente poblados, donde resulta mucho más difícil distinguir entre población civil y objetivos militares. 

Otro ejemplo son los drones y otras nuevas tecnologías aplicadas a la guerra mediante armas no tripuladas. Nos enfrentamos a escenarios completamente nuevos en los que, efectivamente, la población civil está siendo atacada más que nunca. 

También ha cambiado el discurso. Antes, cuando se atacaba una instalación humanitaria, se reconocía rápidamente que había sido un error o un "daño colateral". Ahora, en cambio, se justifica alegando que la población civil colabora con grupos terroristas o hace un supuesto "uso hostil" de esas instalaciones. Y esto ocurre incluso con hospitales y otros centros sanitarios. 

Por eso, uno de los grandes retos actuales es adaptar la aplicación del Derecho Internacional Humanitario, especialmente en lo que respecta al principio de distinción. Es necesario seguir desarrollando normas que respondan a estas nuevas realidades. Me consta que el Comité Internacional de la Cruz Roja está trabajando en ello, tanto para reducir los ataques contra la población civil en zonas urbanas como para avanzar en la regulación del uso de drones y de la inteligencia artificial, de manera que los principios del Derecho Internacional Humanitario puedan aplicarse de forma efectiva. Lo que está claro es que ese viejo aforismo de que "en el amor y en la guerra todo vale" no es cierto. En la guerra existen límites y debemos seguir reforzándolos. 

Como voluntaria de Cruz Roja (del Centro de Estudios de Derecho Internacional Humanitario) y profesora de Derecho Internacional Público, puedo asegurar que se está trabajando para concretar y reforzar el principio de distinción con el objetivo de proteger a la población civil. Pero esa tarea también pasa por la educación y la sensibilización. Debemos evitar discursos que identifiquen a toda una población con un grupo armado o con el terrorismo. Los niños no pueden ser un objetivo militar. Una escuela tampoco. 

En un primer momento se pensaba que a la inteligencia artificial tú le metías una información y decías: "Quiero atacar un objetivo militar estratégico y que me señales la ubicación exacta". Lejos de ser así, se está utilizando de una forma totalmente espuria. Se argumenta que esto permite determinar mejor los objetivos militares, pero es todo lo contrario; y se sabe que Israel, por ejemplo, lo está haciendo. La inteligencia artificial proporciona datos de geolocalización que luego se utilizan para atacar objetivos civiles bajo la pretendida excusa de que, en realidad, albergaban a combatientes o francotiradores.  

Lo que pensábamos que iba a ser una herramienta útil en ese sentido, se está usando para golpear a la población civil mediante un discurso que difumina las categorías entre civiles y militares bajo la premisa de que "todos son terroristas". 

Hay varias estrategias en este sentido. En el conflicto israelí-palestino se utilizaba la técnica conocida como "golpear el techo". Se suponía que se daba un aviso previo cumpliendo con el principio de precaución (que obliga a advertir a la población antes de un ataque, incluso si se sospecha que un hospital está amparando a combatientes). Sin embargo, la realidad es que no siempre se avisaba para proteger, sino que se utilizaba para causar terror: la población se asustaba con el impacto en el techo, quedaba paralizada y, a continuación, se ejecutaba el ataque. 

Y este es solo un ejemplo de muchos. La geolocalización actual facilita enormemente estas prácticas. Se utiliza, por ejemplo, para otra de las estrategias de los conflictos actuales: inutilizar tierras de cultivo para que queden yermas durante generaciones.  

Al final, la inteligencia artificial se está empleando para todo lo contrario de lo que se prometía. Por eso tenemos un reto enorme; es urgente regularla de forma muy concreta y aplicar los principios de distinción, proporcionalidad y precaución para proteger eficazmente a la población civil. 

La Corte Penal Internacional está haciendo muchísimo. Para empezar, mantiene vigentes órdenes de detención contra Vladímir Putin y contra la comisionada rusa para los derechos de la infancia, María Lvova-Belova, por el traslado y la deportación forzosa de niños ucranianos con la clara intención de “rusificarlos”. Asimismo, existen órdenes de detención contra el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y el exministro de Defensa de Israel, además de contra los líderes de Hamás (aunque estos últimos hayan muerto). Esto demuestra que la Corte Penal Internacional es imparcial: actúa por crímenes de guerra contra Putin, contra Netanyahu y contra los líderes de Hamás por igual. 

¿Qué implica esto en la práctica? La CPI está investigando los hechos y recopilando pruebas para, idealmente, juzgarlos en un futuro cercano. Mientras tanto, estas medidas significan que mandatarios como Netanyahu o Putin ya no pueden pasearse impunemente por la comunidad internacional. Los 125 Estados que han ratificado el Estatuto de Roma tienen la obligación de entregarlos si pisan su territorio. 

Existen, por tanto, acciones muy concretas en los dos conflictos más emblemáticos de la actualidad, y la Corte ya ha comenzado a investigar también los ataques contra el Líbano. La justicia internacional no permanece impasible. Este proceso judicial, aunque se prolongue durante años, ejerce un fuerte efecto disuasorio por dos razones que la opinión pública a menudo desconoce: primero, porque constriñe la movilidad de estos líderes mundiales; y segundo, porque lanza el mensaje nítido de que la CPI permanece vigilante ante cualquier crimen de guerra o de lesa humanidad. 

Incluso, más allá de la CPI, se está trabajando en la puesta en marcha de un tribunal especial para el crimen de agresión contra Ucrania cometido por Rusia. Es un esfuerzo liderado por el Consejo de Europa que poca gente conoce, pero que permitirá enjuiciar a Putin. 

Claro que la justicia penal internacional se está moviendo, y deberíamos ser más conscientes de ello. Es cierto que son procesos largos y complejos, pero el simple hecho de que existan estas órdenes de detención ya es un logro histórico. Pensemos que en la Segunda Guerra Mundial ni siquiera contábamos con un Derecho Internacional Penal ni con tribunales de este tipo. Hoy, en cambio, ya se emiten órdenes de captura que los Estados están obligados a cumplir, estableciendo un señalamiento público inmediato contra los presuntos responsables. 

La pregunta es totalmente relevante. Por un lado, considero que el Derecho Internacional Humanitario (DIH) está plenamente vigente; sigue siendo una gran brújula. El comentario ampliado del Cuarto Convenio de Ginebra que mantiene el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) es una prueba indiscutible de ello. 

Pero, dicho esto, ¿necesitan los Estados desarrollar nuevas estrategias de diplomacia humanitaria? Rotundamente, sí. En este sentido, España cuenta con una estrategia de diplomacia humanitaria bastante novedosa en el ámbito europeo. El plan actual abarca el periodo 2023-2026, y me consta (porque estoy colaborando en esta iniciativa junto con Cruz Roja) que ya se está preparando la segunda edición, que entrará en vigor el año que viene. 

Yendo más allá, nuestro país ha dado un paso muy importante del que debería tomar nota el resto de Europa: hace unos meses, España presentó su primer informe voluntario de cumplimiento del Derecho Internacional Humanitario. Es una herramienta fantástica que todos los Estados deberían adoptar para autoevaluarse de forma transparente, señalando qué normativa están cumpliendo y en cuáles necesitan avanzar, porque el DIH, como mencionaba antes, está más vivo que nunca. 

En este documento, España rinde cuentas detallando la ratificación de los Convenios de Ginebra y sus protocolos, así como su implicación en distintas iniciativas globales. Por ejemplo, este año se cumple el aniversario de la Resolución 2286 sobre la Protección del Personal Sanitario. España no solo fue patrocinadora de esta resolución, sino que ha preparado varias jornadas sobre este tema en las que también participa Cruz Roja. Esto es el verdadero cumplimiento del DIH: difusión, ratificación y demostración de que nuestros diplomáticos y diplomáticas cuentan con formación específica en la materia. 

La combinación de esta Estrategia de Diplomacia Humanitaria y el informe voluntario de cumplimiento (que es una iniciativa pionera, salvo por algún antecedente aislado en el Reino Unido o en los países nórdicos) es una herramienta novedosa. Me consta la gran implicación de Cruz Roja en todo este proceso y quiero expresar mi reconocimiento, porque creo sinceramente que ahora mismo España es un referente en multilateralismo y en cumplimiento del Derecho Internacional Humanitario.  

Me siento muy orgullosa de ser miembro del Centro de Estudios de Derecho Internacional Humanitario de Cruz Roja desde hace 25 años como voluntaria. La labor es sumamente variada y, hoy en día, adquiere una relevancia estratégica inmensa. Nuestro cometido abarca desde inspirar reformas en el Código Penal en materia de crímenes de guerra y de lesa humanidad, hasta realizar una labor de difusión del DIH absolutamente necesaria para las Fuerzas Armadas en espacios como la Escuela de Guerra Naval y la Escuela Militar de Estudios Jurídicos, sin olvidar la sensibilización de la población civil. 

En ese sentido, es de justicia alabar la gestión de Ana Costales (junto con Carmen José Segovia), quien está al frente del Centro y está impulsando una iniciativa crucial ante la coyuntura que mencionas: la creación de una red de promotores de derecho internacional humanitario por toda España. Todos los profesores del Centro están plenamente involucrados en este proyecto. Considero que tenemos una responsabilidad histórica de divulgación y concienciación a la población civil. Articular esta red de promotores con distribución geográfica por todo el país permitirá llevar a cabo una formación de un valor incalculable. 

Por tanto, creo que vamos por la senda correcta. Cruz Roja y el Centro de Estudios de DIH siempre están disponibles para atender cualquier consulta sobre DIH que traslade el Ministerio de Asuntos Exteriores o para facilitar la interlocución con el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR). Por todo esto, nuestra misión es más importante ahora que nunca. 

De hecho, quiero aprovechar este espacio para rendir homenaje a una de las profesoras que más se involucró con el Centro, la Catedrática Concepción Escobar Hernández, fallecida en 2025. Ella siempre tuvo la lucidez de entender que la alianza de Cruz Roja, a través de nuestro Centro de Estudios, con los Ministerios de Asuntos Exteriores y de Defensa era un pilar fundamental. 

En definitiva, la razón de ser del Centro de Estudios de DIH de Cruz Roja es la difusión de la norma y la colaboración estrecha con las instituciones públicas en cualquier cuestión relativa a esta materia. Concepción Escobar en el pasado (junto con Joaquín López), y Ana Costales y su equipo en el presente, han hecho y hacen muchísimo por esta labor; yo solo puedo decir que me siento profundamente orgullosa de formar parte de este Centro y de sumarme a cada iniciativa en la que puedo colaborar.