El 67,3% de las personas atendidas por Cruz Roja vive en hogares pobres a pesar de tener un trabajo - Ahora

• La segunda edición del informe ‘El impacto de la COVID-19 en la población atendida por Cruz Roja a través del Plan RESPONDE’ arroja datos sobre la situación laboral de las personas atendidas por la Organización. Estas son algunas de las conclusiones extraídas.

La segunda edición del informe ‘El impacto de la COVID-19 en la población atendida por Cruz Roja a través del Plan RESPONDE’ (puedes acceder aquí) trata numerosos ámbitos, desde el empleo hasta la salud pasando por la inclusión social, entre otros. Respecto a lo primero, el empleo, ofrece reveladoras cifras para comprender cómo la COVID-19 ha influido sobre el mercado laboral.

Según el informe, los hogares con Baja Intensidad de Empleo (todos los miembros en edad de trabajar están desempleados o tienen una baja carga horaria) atendidos por la Organización representan un 11,2% (ligeramente mayor a los datos del conjunto de la población española según la Encuesta de Condiciones de Vida en 2020, que se situaba en un 9,9%). También se revela que el 67,3% de personas atendidas por Cruz Roja, a pesar de trabajar, vive en hogares en los que sus ingresos no superan el 60% de la mediana del país (lo que se conoce como “pobreza relativa”).

Y es que los problemas económicos y laborales se han agravado especialmente durante la pandemia (tanto que eclipsan a otros como los relacionados con la vivienda o con la pobreza energética). Ello se muestra claramente en el considerable rejuvenecimiento de la población atendida respecto a 2020. Se ha constituido, así, un nuevo perfil de personas jóvenes que antes de la pandemia desarrollaban actividades sumergidas, que si bien no les permitían tener una protección social, posibilitaban su sustento y cierta ayuda para sus familias nucleares o de origen. Se trata de personas jóvenes que vivían de la venta de chatarra, de las chapuzas o de la agricultura de temporada con contratación irregular; y, en muchos casos, de chicos migrantes que presentan irregularidad o precariedad administrativa. 

Con la crisis de la pandemia, además, muchas personas han perdido el trabajo o han continuado trabajando en precario; no han podido acceder a los ERTES debido a la precariedad anterior o aún no los han cobrado (por los retrasos en los pagos); y/o no han podido acceder al subsidio por desempleo por estar en la economía sumergida o han accedido, pero los ingresos por este supuesto no les alcanzan para hacer frente al sostenimiento familiar. Las consecuencias de esta situación con el mercado laboral se han traducido en una enorme dificultad para afrontar el pago de la vivienda y/o de los suministros de esta (electricidad, sistemas de calefacción, Internet), y también ha afectado en una alimentación más desequilibrada para todos los miembros de la familia, incluidos niños y niñas. 

Con la crisis de la pandemia, muchas personas han perdido el trabajo

Durante 2021 el número de personas desempleadas atendidas por Cruz Roja se ha visto incrementada por la aparición de perfiles concretos, nuevos en la demanda de servicios, como por ejemplo los trabajadores o trabajadoras del sector feriante, ambulante, circense y afines, cerrados por completo durante el confinamiento y reducido considerablemente durante la nueva normalidad por el temor a las aglomeraciones. El informe advierte de que en el sector feriante, por ejemplo, muchas familias dependen solo de los ingresos de las personas adultas que venden artículos en los distintos pueblos, siendo en su mayoría de etnia gitana. 

Otro nuevo perfil lo han formado trabajadores o trabajadoras autónomas del sector de la hostelería o el comercio, que han debido cerrar su única fuente de ingresos durante el confinamiento y desde la desescalada hasta la actualidad vienen presentando grandes dificultades para que sus negocios funcionen, teniendo en cuenta la inversión económica que deben hacer para mantenerlos abiertos (impuestos, cuotas de la Seguridad Social, alquileres, personal y adaptación de los locales a las nuevas medidas de protección anticovid). 

En la mayoría de los casos, estas personas reunían los requisitos para percibir el subsidio de desempleo o acogerse a un ERTE, pero ha habido complicaciones para cobrarlos debido a la ralentización de los procedimientos administrativos y su posterior conversión en sede digital, que ha ocasionado dificultades de acceso para muchas. Además, los ingresos percibidos, una vez solventados los retrasos, han sido insuficientes para una parte importante de los autónomos, por efecto de las cotizaciones ajustadas que muchos realizan. Este grupo suele tener una edad mayor de 50 años; una edad que también reporta brechas de acceso al mercado laboral. 

De cualquier modo, durante 2021 los ERTES globalmente han pasado a ocupar un papel totalmente residual, y sólo un 2,6% de los asalariados están en esa situación. Un tercio de las personas ocupadas, por otro lado, tiene un trabajo a tiempo parcial, siendo mucho más frecuente este tipo de empleo entre las mujeres (40,8% frente al 21% de los hombres). Respecto a las personas desempleadas, prácticamente se dividen en dos grupos de idéntico tamaño: las que han perdido el empleo durante la pandemia (51,2%; el 16,2% al inicio de la pandemia y el 35% después del confinamiento) y las que ya estaban desempleadas cuando esta se inició (48,9%).

Por último, el informe pone el foco en que en los hogares en los que ha habido desempleo o subempleo, descenso considerable de los ingresos o directamente ningún ingreso, la recuperación está siendo lenta. Aunque uno o más miembros de estas familias estén reincorporándose al mercado laboral, su situación sigue siendo deficitaria. Un factor clave en este impasse es el precio de los insumos del hogar y de los productos básicos de alimentación e higiene, así como de la gasolina, ya que a las familias les está costando hacer frente a la propia subsistencia por efecto de estos incrementos. 

Puedes acceder al informe íntegro aquí.