Crisis migratoria en la frontera de Bielorrusia - Ahora

• La crisis en la frontera entre Bielorrusia y Polonia se está agravando en los últimos días. Las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja de distintos países están prestando asistencia humanitaria siempre que es posible, pero señalan que el acceso es limitado y recuerdan que la situación es cada vez más preocupante.

La crisis migratoria en la frontera entre Bielorrusia y Polonia está empeorando en los últimos días. Una crisis que se remonta hasta este verano, puesto que a finales de agosto de 2021, y según recoge RTVE, el Gobierno de Polonia ya declaró que había un aumento de migrantes procedentes de Bielorrusia, motivo por el cual anunció que iba a reforzar su frontera con alambre de espino. La presencia de migrantes (sobre todo de Irak, Siria y países limítrofes), sin embargo, no ha cesado, y se ha incrementado en el lado bielorruso. 

La Federación Internacional de Sociedades de Cruz Roja y la Media Luna Roja, considerada la red humanitaria más grande del mundo, ha intervenido siguiendo sus principios fundamentales y prestando ayuda donde más necesario es. Así, y según ha recordado la federación en un comunicado, miles de personas han cruzado de Bielorrusia a Lituania, Polonia y otros países vecinos en los últimos meses, algo que ha ocasionado una situación dramática. Se calcula que, actualmente, hay entre 3.000 y 4.000 personas viviendo en campamentos improvisados. 
 

Actualmente, hay entre 3.000 y 4.000 personas viviendo en campamentos improvisados
 

Las Sociedades Nacionales de la Cruz Roja de distintos países están prestando asistencia humanitaria siempre que es posible, pero el acceso sigue siendo limitado y su situación es cada vez más preocupante. Se cree que al menos 10 migrantes han fallecido debido a las condiciones climatológicas extremas, que llegan a ser bajo cero a lo largo de los 1.000 kilómetros de frontera entre Bielorrusia y los países vecinos Polonia, Lituania y Letonia.

Lituania es, por el momento, el país que ha notificado mayor número de llegadas: más de 4.200 desde principios de 2021, cuando la media normal anual es de 100. Algunas de las personas que han llegado, además, son colectivos especialmente vulnerables, como mujeres embarazadas, menores no acompañados y personas con discapacidad. El pasado 10 de noviembre el Gobierno declaró el estado de emergencia en la zona fronteriza y en los centros de acogida. También ha puesto en marcha un cambio de legislación que ha provocado que todos los migrantes sean detenidos a su llegada durante un máximo de 6 meses, lo que limita el acceso a los servicios y dificulta los recursos contra las decisiones de asilo. Además, las autoridades están levantando vallas de alambre de espino a lo largo de la frontera y a la gran mayoría de los migrantes en la frontera se les impide entrar en el territorio.

La situación en Polonia, por otro lado, tampoco es mejor. Tras el aumento de migrantes que intentan cruzar desde Bielorrusia, el 2 de septiembre el gobierno declaró el estado de emergencia y comenzó a construir una valla de alambre de púas a lo largo de sus fronteras. El estado de emergencia es el primero de este tipo en el país en décadas, y prohíbe las concentraciones masivas y limita los movimientos de la gente en una franja de 3 km de ancho a lo largo de la frontera hasta noviembre. Las organizaciones humanitarias no tienen acceso a esta zona, lo que les impide ayudar a la gente. 

A ello se suma que la cámara baja del parlamento polaco respaldó un proyecto de ley para construir un muro a lo largo de la frontera y establecer detectores de movimiento cerca de la frontera con Bielorrusia el pasado 13 de octubre. También se aprobó una controvertida ley que, en opinión de las personas defensoras de los derechos humanos, pretende legalizar las expulsiones inmediatas de migrantes que crucen la frontera ilegalmente, incumpliendo así los compromisos del país en virtud del derecho internacional y sin atender siquiera sus solicitudes de asilo. 

Desde la Comisión Europea han expresado su preocupación por lo que está sucediendo. El 7 de octubre el Parlamento Europeo emitió una resolución no vinculante sobre la situación en Bielorrusia. Una semana después el Comisario de Interior de la Unión Europea, Ylva Johansson, expresó públicamente su preocupación por la situación de los migrantes. En el Consejo de Europa, la Comisionada para los Derechos Humanos, Dunja Mijatovic, pidió a las autoridades de Polonia y Lituania que "protejan los derechos humanos de las personas varadas en la frontera, garanticen las salvaguardias en los procedimientos de asilo y eviten las devoluciones".
 

La actuación de la Federación Internacional de Sociedades de Cruz Roja y la Media Luna Roja

En la actualidad, más de 600 personas voluntarias y personal técnico de Cruz Roja están ayudando a los y las migrantes en Bielorrusia, Lituania y Polonia. El Fondo de Emergencia de Socorro en casos de Desastre (DREF) de la Federación Internacional de Sociedades de Cruz Roja y la Media Luna Roja ha habilitado más de un millón de francos suizos (unos 951.000.000 euros) para ayudar en la zona.

“Toda persona tiene derecho a solicitar asilo, respetando plenamente el derecho internacional”

Desde la Federación Internacional de Sociedades de Cruz Roja y la Media Luna Roja recuerdan en un comunicado la gravedad de esta situación. “La gente cruza la frontera solo con la ropa que lleva puesta. Necesitan alimentos, medicamentos, artículos de higiene, ropa, equipos de protección contra la COVID-19 y acceso a los servicios esenciales”, ha expresado la federación, y ha reclamado que las organizaciones humanitarias puedan asistir de forma “incondicional y segura” a todas las personas que lo necesiten. 

“Toda persona tiene derecho a solicitar asilo, respetando plenamente el derecho internacional. Todos los solicitantes de asilo deben tener acceso a procedimientos justos y protección contra la devolución”, ha incidido la Federación Internacional de Sociedades de Cruz Roja y la Media Luna Roja. “La detención de inmigrantes debe ser una medida excepcional de último recurso. La libertad debe ser la norma [...] Cuando se determine que la detención es necesaria, deben garantizarse unas condiciones de detención dignas y humanas”, ha concluido.